Ya ni en casa. Los negocios del rey emérito, los que su propio hijo aventuraba ante notario que "pudieran no estar en plena y estricta consonancia con la legalidad o con los criterios de transparencia, integridad y ejemplaridad" de la monarquía, están en el punto de vista de la Fiscalía del Supremo. Para ser exactos, ahora mismo están dirimiendo qué pasa con la figura del rey Juan Carlos en el caso derivado del cobro de presuntas comisiones ilegales saudíes en la negociación que llevó al consorcio español OHL a encargarse de la construcción del "AVE del desierto". Un negocio que les ha costado a los españoles al menos 146 millones de euros –solo en las pérdidas registradas por Renfe entre 2012 y 2018 debido a las dilaciones, sobrecostes y demás problemas-– pero que al rey Juan Carlos le habrían permitido embolsarse entre 65 y 80 millones de euros según las informaciones.
La cifra más alta es la que revelaba Corinna zu Sayn-Wittgenstein al comisario Villarejo en las conversaciones que este grabó en 2015 cuando la visitó en Londres, y cuya difusión sirvió para investigar una primera causa. Causa que cayó en saco roto hace dos años, pues todo lo que haya hecho el rey emérito antes de junio de 2014 no está sujeto a la justicia española. Sin embargo, la actual orden de la Fiscalía del Supremo –a la que corresponde todo lo que el monarca, aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo tras la creación de la figura del rey emérito– asume las investigaciones de Anticorrupción de este mismo año, "al resultar de las mismas que una de las personas involucradas en los hechos investigados era el entonces rey, hoy rey emérito, D. Juan Carlos de Borbón".
De momento, la investigación se centra "precisamente, en delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en que el rey emérito dejó de estar protegido por la inviolabilidad" constitucional. Es un paso más en los movimientos de la Justicia contra el anterior rey, después de que el pasado viernes, día 5 de junio, Dolores Delgado, fiscal general del Estado, dictase un decreto en el que designaba como investigador principal a Juan Ignacio Campos, fiscal de Sala del Supremo en la especialidad de Delitos Económicos. Campos también fue fiscal de jefe de una sección penal de la Fiscalía del Supremo, y la nota de prensa del Supremo recogesu "extraordinaria cualificación y experiencia" para encargarse de esta investigación, dada su "transcendencia institucional". Es decir, la posibilidad, aunque sea remota de que un tribunal español juzgue al que fuera rey de España por delitos económicos.
La cuestión es si hay indicios delictivos posteriores a ese junio de 2014. La justicia suiza, que está investigando las distintas fundaciones y testaferros del rey a la hora de mover millones de euros (le investigan por cobro ilegal de comisiones y blanqueo de capitales), cree que sí desde hace al menos dos años. Al menos en lo que a los movimientos de ese dinero respecta. Aunque la causa original quedó archivada, la investigación del Supremo será determinante para saber si el ex jefe de Estado podrá rendir cuentas ante la justicia española, en uno de los tres frentes judiciales que tiene abiertos: España, Suiza e Inglaterra.
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