- Luis Miguel Rodríguez y otros famosos que han debido dinero a Hacienda
Luis Miguel Rodríguez, conocido como ‘El Chatarrero’, se enfrenta a una pena de prisión por, presuntamente, haber hecho obras de forma clandestina y sin la autorización pertinente en una zona protegida de Torrejón de la Calzada. La ex pareja de Ágatha Ruiz de la Prada está siendo juzgado en la Audiencia Provincial de Madrid para esclarecer los hechos. De momento, la Fiscalía de Madrid ha solicitado su ingreso en prisión durante tres años y nueve meses al considerar que el empresario ha cometido un delito de desobediencia y otro contra la ordenación del territorio.
Al parecer, la Fiscalía asegura que a través de la sociedad Desguaces La Torre S.A. de la que es dueño, Luis Miguel Rodríguez, supuestamente, habría comprado 24 parcelas en esta zona para transformarlas sin tener la autorización pertinente ni ningún tipo de respaldo legal. Por este motivo, solicitan que abone una fianza de500.000 euros. Un dinero que será destinado a la demolición de las construcciones hechas.
Dichas parcelas fueron adquiridas, al parecer, entre 2009 y 2011. En 2010 él presentó una solicitud de licencia de obra menor pero esta fue rechazada. Tras esto estuvo presentando nuevas solicitudes, todas ellas denegadas pidiéndole que suspendiera cualquier obra o transformación. Por este motivo, desde Fiscalía mantiene que era plenamente consciente de lo que no podía hacer. «Era perfectamente consciente de que estaba actuando sin ningún tipo de autorización y en contra del planeamiento vigente», dicen en el escrito presentado, asegurando que él continuó con las obras «al menos» hasta 2016.
Ahora, Luis Miguel Rodríguez se enfrenta a una pena de prisión por, presuntamente, hormigonear 25 hectáreas de parcelas no urbanizables que están protegidas por su gran interés edafológico y agrícola, al que afecta también la protección arqueológica. Un terreno en el que él, pese a no contar con el respaldo legal necesario, decidió construir una nave, hormigonó tres campas, realizó el encauzamiento de arroyos pertenecientes al dominio público hidraúlico y levantó un vallado fijo.
Unas obras que, al parecer, realizó optando por actuar por la vía de hecho con la esperanza de que tales actuaciones en el futuro fuese legalizadas, aunque eso no ha terminado sucediendo.
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