"Siendo yo ministro, ninguna circunstancia va a apartarme de mi camino. Con más de 30 años de experiencia como juez, sé cuál es la competencia de un ministro, cuál es la competencia de un juez, y hay una palabra que no conjugo: injerencia". Fernando Grande-Marlaska ha respondido así a uno de los asuntos más candentes del día: la destitución ayer del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos como responsable de la Comandancia de Madrid, y la dimisión a mediodía de hoy del número 2 de la institución, Laurentino Ceña. En el fondo de tantos cambios está la causa judicial abierta para dirimir la responsabilidad del Gobierno en la celebración de eventos multitudinarios en el inicio de la pandemia, instruida por la responsable del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel.
La polémica escaló con la imputación del delegado de Gobierno en Madrid, José Manuel Franco Prado, que tendrá que declarar el día 5 de junio. La imputación está basada, en parte, en un informe de 83 páginas realizado por la Guardia Civil bajo la dirección de Pérez de los Cobos. De ese juzgado salió también un oficio remitido a Rafael Pérez, secretario de Estado de Seguridad y número dos de Marlaska, donde se advierte al ministro de la "reserva rigurosa" que hay sobre la causa: es decir, que la Guardia Civil tenía la obligación de informarla sólo a ella. En ese escrito la magistrada también advertía a Interior sobre las posibles responsabilidades penales que se derivarían de la "injerencia" que ha negado hoy Marlaska, que ha adscrito la destitución de Pérez de los Cobos (por pérdida de confianza) a una estrategia de renovación, tanto del instituto armado como del resto de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Magistrada implacable
En la causa en cuestión, Rodríguez-Medel no tiene el poder de investigar a miembros aforados del Gobierno, aunque eso no es algo que la haya frenado anteriormente. Carmen Rodríguez-Medel lleva dos años al frente del juzgado madrileño en los que ha tenido tiempo de poner en aprietos al jefe de la oposición, Pablo Casado; la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes; y la exministra de Sanidad en el primer Gobierno de Pedro Sánchez, Carmen Montón. Todos en el contexto del caso del falso máster de Cifuentes.
La instrucción del caso de la expresidenta derivó en la apertura de varias piezas separadas. La de Casado, en concreto, fue archivada por el Supremo, a quien correspondía la jurisdicción, por no apreciar indicios suficientes de delito. Pero la de Cifuentes siguió su curso aunque, curiosamente, la pandemia ha aplazado el destino de la expresidenta de Madrid, que iba a juzgarse a finales de abril de este año. La instrucción de Rodríguez-Medel llevó a la Fiscalía a solicitar hace un año penas superiores a los tres años para Cifuentes, una de sus asesores, y los dos profesores de Derecho identificados como responsables de la trama y falsificadora de las firmas, Enrique Álvarez Conde y Cecilia Rosado, respectivamente.
Pero la relación de Rodríguez Medel con la política, la Guardia Civil y los cuerpos armados del Estado va más lejos de la judicatura. Es hija, hermana, sobrina y nieta de guardias civiles, todos coroneles. Su abuelo, comandante de la Guardia Civil en Navarra, fue asesinado por los golpistas del general Mola el 18 de julio de 1936 en Pamplona. Y su nombre incluso sonó para dirigir la institución bajo el mandato de Marlaska.
Rodríguez Medel está casada también con un juez, Jaime Serret, responsable del Juzgado de lo Penal número 5 de Getafe. Ambos coincidieron en Marbella, el primer destino profesional de la jueza, en 2002, también en Instrucción. Fueron seis años de causas urbanísticas teñidas de corrupción, una de las especialidades de la ciudad, antes de recalar en el recién creado Juzgado de Violencia sobre la Mujer. En ambos se ganó la reputación de implacable investigadora, minuciosa y, como reflejan sus autos, inquisitiva con cada prueba y cada documento.
Su relación con la política se dio a ambos lados de la toga: por un lado, fue miembro del Consejo General del Poder Judicial. Por otro, trabajó en régimen especial para el exministro de Justicia del PP en tiempos de Rajoy, Rafael Catalá. Intentó hacerse con una plaza –la que dejaba Baltasar Garzón– en la Audiencia Nacional, pero no lo consiguió. Pero nada más llegar a los juzgados de Plaza de Castilla fue "bendecida" con el caso de los másteres, el más mediático de 2018. Dos años después, se ha convertido en el mayor problema de un ministro socialista con una bella lógica: sólo otra jueza, (sin importar el Juzgado, parafraseando a Marlaska ) puede ser la horma de un juez metido a superministro.
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