Alba González Sanz es experta en políticas de igualdad. Ha desarrollado su trabajo en el Ayuntamiento de Gijón y por eso Irene Montero, ministra del ramo, la eligió para ocupar la Dirección de Trato y Diversidad étnico-racial. Ella, sin embargo, ha dimitido en favor de Rita Bosaho, diputada de Podemos que fue la primera mujer negra en ocupar un escaño en el Congreso de España. Bosaho, de 52 años, es licenciada en Historia, máster en Identidades e Integración en la Europa Contemporánea y experta en colonización europea en África, aunque su carrera profesional (de 1991 a 2015) la ha desarrollado como técnico auxiliar sanitario.
Según medios como eldiario.es, González ha dado un paso atrás porque en el ministerio habían sido advertidas de que varias entidades antirracistas preparaban un comunicado quejándose de que no pusieran al frente de ese puesto a alguien de algún colectivo “racializado”. El gesto de González, por tanto, no parece voluntario del todo o no suyo del todo, pero no choca su decisión, sino la del ministerio, que al no nombrar por convencimiento, parece haber empujado a González a ceder por precaución.
Sí hay referentes
Estados Unidos es un país más joven que cualquiera de los que forman Europa, pero ya se ha enfrentado muchas veces a cuestiones como la que plantea el caso de González y Bosaho. Y por eso hay dentro de sus partidos órganos específicos que no solo afean comportamientos relacionados con el racismo a los rivales sino también a los compañeros políticos. El año pasado, sin ir más lejos, el Comité de Campaña Demócrata del Congreso fue duramente criticado por sus propios miembros hispanos y negros que consideraron que no se estaba haciendo suficiente para colocar en posiciones de liderazgo a personas de sus colectivos.
Alguien podría decir que en ese país vive una minoría que no lo es tanto, los afroamericanos, y que en EEUU llevan más de dos siglos lidiando con esa convivencia si no fuera porque en España hay una que es parte del país desde hace cinco siglos, los roma. Por eso no se explica que aún se hagan nombramientos públicos como el que acaba de hacer el ministerio de Montero sin tener en cuenta a los representantes de unos colectivos con más problemas que el resto de la población: encabezan los casos de discriminación laboral e interponen el mayor número de denuncias por delitos de odio, según el último informe del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. Quizás se entienda mejor cuando se sabe que la principal entidad que vela por la protección de los romaníes, Secretariado Gitano, está dirigida por personas que no lo son, algo que suscita críticas con frecuencia por parte de otras entidades similares.
En ese contexto, extraña menos que el paso atrás de González pueda ser, simplemente, el arreglo de un despiste ocasionado por la falta de costumbre. Pero, ¿y si fuera, o también lo fuera, la escenificación de un “sacrificio"? “Si algo sabemos en el feminismo es que la representación y lo simbólico importan. Hemos reorganizado el equipo de este ministerio para que haya una presencia visible de mujeres pertenecientes a colectivos racializados. Eso significa que no asumiré la Dirección General", ha dicho la cesante en sus redes sociales. Lo que ha hecho es algo que reclaman las feministas a algunos hombres (en congresos de escritores, periodistas o cirujanos) al pedirles que en aquellos foros donde no se cuente con las mujeres cedan un sitio a una compañera para poner de relieve la desigualdad que aún impera.
Cambiar las reglas
Mery Beard, Premio Príncipe de Asturias de Humanidades y catedrática en Cambridge, explicaba en un artículo publicado en Letras Libres que la ausencia de voz femenina en los foros públicos viene desde una Antigua Grecia que ella conoce a fondo. Hablaba también del alto precio que aun hay que pagar por formar parte del debate público en el que entran sometiéndose a reglas instauradas hace milenios, ninguna hecha por ellas. Ni siquiera en la retórica, marcada todavía por lo que hacían Aristóteles o Cicerón. Lo que ha hecho González, aunque se haya visto algo forzada, es hacer algo insólito, distinto, aplicar lo que el discurso feminista dice, pero no hecho por un hombre a favor de una mujer sino de una mujer a otra que representa a un colectivo con más problemas que el suyo.
Eso es, además de participar en el debate, cambiar las normas que lo rigen, darle un giro al guion establecido. Por eso, el gesto de González puede interpretarse como un tanto oportunista, como un apaño para arreglar un fallo del ministerio o como un atrevimiento, pero no se ha hecho porque ella sea “demasiado blanca” y no es un acto racista, como han querido señalar algunos en las últimas horas. Y si sirve o no para lograr la igualdad, tendrá que decirlo el tiempo y la repetición.
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